La Justicia ha determinado que la decisión de la Consejería de Vivienda de realojar a varias familias fue "legal" y los servicios sociales han avalado la medida por las condiciones de "exclusión social". "Prefiero mirar al presente y al futuro. Se ha producido un cambio en la política de vivienda y el Gobierno rescata a las familias", dice la consejera Elena Cortés tres meses después del conflicto.