Daniel Ripa, que fue quien inició la denuncia que llevó a Europa a declarar ilegal la prórroga lamentó que el gobierno socialista «actúe como abogado defensor del Gobierno de Aznar y de la decisión de Francisco Álvarez-Cascos», toda vez que fue bajo el mandato del exministro de Fomento gijonés cuando se extendió la prórroga hasta el año 2050 (hubiera debido terminar y pasar a ser gratuita en el año 2021). «Europa está empujando para suprimir el peaje y el gobierno se posiciona contra el bolsillo de los asturianos»