Cerrada la primera pata de la reforma de la pensiones, el Gobierno debe emprender una segunda fase, la más dura, con el objetivo de ajustar el gasto y devolver al sistema al superávit. Tendrá que adoptar medidas poco amables, obligado por la condicionalidad de los fondos, entre ellas un aumento del periodo de cálculo de las nóminas a partir de 2023.