El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante ha anulado una resolución de octubre de 2019 de la Conselleria de Justicia por estar dictada solo en valenciano cuando la ciudadana que había instado esa resolución se había dirigido siempre en castellano a la Administración. Además, el juez estima el recurso de la demandante en toda su extensión, reconoce su derecho a que se reclasifique su puesto de trabajo e impone el coste de las costas procesales a la Administración, con un tope de 500.000 euros.