El magistrado titular del juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, tras concluir las diligencias de investigación de la primera pieza del denominado caso Topillo aprecia indicios de delito medioambiental contra empresarios, administradores o encargados de 38 empresas agrícolas, por vertidos contaminantes al Mar Menor procedentes del uso de desalobradoras ilegales en el campo de Cartagena.