El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, que controla la legalidad de los contratos de la Administración autonómica, ha rechazado por “infracciones legales insubsanables” el gran contrato de 201 millones que el Gobierno andaluz de mayoría absoluta del PP quería destinar a la sanidad privada, como plan de choque para ‘aliviar las listas de espera’.