El juzgado de instrucción número 39 de Madrid ha admitido a trámite una denuncia presentada por Podemos el pasado mes de septiembre, e investigará los centros educativos de Formación Profesional que la Consejería de Educación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso construyó a dedo y sin contrato. Un problema que afecta a al menos ocho centros de la región, pero que podrían ser más, y que podría suponer un delito de prevaricación.