El Juzgado Social número 12 de Barcelona ha estimado un recurso presentado por un programador informático de 41 años y condena al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a que le abone una pensión vitalicia de casi 1.000 euros mensuales, con retrasos desde febrero de 2020. El tribunal considera que el recurrente está en situación de incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo derivada de una enfermedad común. La sentencia indica que el INSS denegó al recurrente su petición de incapacidad.