La ley habilita a una “comisión de valoración” ajena al poder judicial, cuyos miembros son designados por políticos del gobierno vasco, a indemnizar a quienes denuncien haber sufrido abusos policiales con “motivación política” entre 1978 y 1999, sin que para ello sea necesaria la existencia de una resolución judicial que acredite la realidad de los abusos. Como sociedad civil no deberíamos asumir con normalidad que un órgano administrativo altamente politizado suplante potestades del poder judicial para construir un relato alternativo.