Los siete meses de silencio que En-Colectivo ha recibido como respuesta a la denuncia presentada ante la Comisión Europea por las dos prórrogas de la concesión de la autopista AP-9 a Audasa acordadas por real decreto por el Gobierno y sin la preceptiva convocatoria de nuevas licitaciones, genera entre los demandantes positivas expectativas de que prospere la reclamación. Estos apuntaron ayer la posibilidad de que al final del proceso el Ejecutivo español tenga que derogar las dos ampliaciones y establecer la gratuidad del vial.