Los responsables alegan que el edificio tiene como finalidad de uso el bien comunitario, pero ha sufrido abandono desde hace décadas por parte de la fundación gestora. La fundación, presidida por quien es también alcaldesa de Lena, ha rechazado en repetidas ocasiones las solicitudes de uso para fines comunitarios por parte de asociaciones locales. «Sabemos que somos okupas, pero ellos tampoco son los propietarios del edificio», declararon a la prensa los acusados. La fundación alega delitos de usurpación y daños contra los actuales usuarios.