En abril de 2012, la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos fichó al abogado Santiago Muñoz Machado para presionar al Gobierno en pos de un texto más duro de la Ley de Propiedad Intelectual, según correos desvelados por WikiLeaks. Esta presión provocó que el Consejo de Estado emitiera un informe bastante desfavorable sobre el anteproyecto de Ley en diciembre de 2013