El gobierno autonómico de Aragón, cuando estaba presidido por Marcelino Iglesias, infló un contrato público del complejo Plaza, una de las obras públicas más importantes en Aragón, para adjudicarlo a una UTE encabezada por Acciona. En la investigación de este caso ya está imputado Iglesias, el dueño del Real Zaragoza, Agapito Iglesias.