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La ONG reitera, tras las declaraciones de la consejera de Salud de Navarra que negaba estas prácticas, que este es el último caso detectado, en marzo de este año. Vera insistió esta semana en que “no se emiten facturas” y que, en caso de tratarse de una persona en situación irregular, “la prefactura se rompe”. La factura, tiene un membrete de la Unidad de Facturación del Complejo Hospitalario de Navarra. Su destinatario, un hijo de un inmigrante sin documentación que acudió al centro tras sufrir un ictus. El concepto a cobrar, 10.264 euros.
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