La Cámara de Senadores de México aprobó una reforma a la Ley Minera, la cual reconoce al litio como patrimonio de la Nación. La ley declara de utilidad pública al litio, y establece que su exploración, explotación y aprovechamiento estarán a cargo exclusivamente del Estado. También impedirá que se otorguen concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones para la explotación del mineral. Además, la norma establece que las cadenas de valor económico del litio se administrarán y controlarán por el Estado.