Una maniobra in extremis evito a la Generalitat de Cataluña de tener que hacer frente a la gravosa factura de los impagos por cerca de 3.000 millones de euros en que incurrió la administración catalana por no liquidar a tiempo las cuotas de amortización correspondientes a la financiación recibida del Estado en los años 2013 y 2015. La delicada posición de Tesorería de la Generalitat -cuyas cuentas a esas alturas aún estaban intervenidas por el Estado en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución- no le permitieron atender los