Las muertes bajo custodia son siempre responsabilidad del Estado. Entre los servicios propios del Ministerio del Interior están las actuaciones de todos sus cuerpos de Seguridad y los funcionarios de prisiones. Bajo la custodia de éstos se encuentran las personas privadas de libertad. Al asumir la vigilancia de estas personas, el Estado asume también la garantía de su seguridad.