La Unión Europea no solo ha tirado de las orejas a España por no transponer su directiva sobre la protección de datos de los ciudadanos en los tratamientos que de ellos hagan las Fuerzas de Seguridad del Estado, los órganos judiciales y la Fiscalía, sino que, además, ha impuesto dos multas históricas: una de 15 millones de euros y una segunda de 89.000 euros diarios desde que se dictó la sentencia, el pasado 25 de febrero de 2021, hasta que se apruebe la nueva ley orgánica que incorpora esta directiva europea.