Desde 2014, la Comunidad abona 67 euros por cada bolsa de sangre que la entidad obtiene en la calle. Los trabajadores públicos han llevado al Tribunal Supremo el convenio firmado porque aseguran que es un acuerdo arbitrario, innecesario y gravoso para las arcas públicas, y que se incumple todos los meses, ya que las donaciones son siempre inferiores a lo pactado inicialmente.