Se trata de porcentajes muy superiores a los de las Administraciones de los 37 países más desarrollados (OCDE), que se sitúan levemente por encima del 22% de su gasto presupuestario. Este elevado coste estructural, que sigue creciendo a pesar de las advertencias de Bruselas, reduce sustancialmente el margen de maniobra de posibles actuaciones públicas para activar la economía nacional.