Como bien hemos sido informados por los medios, el Estado debe hacerse cargo de varias autopistas de peaje que se encuentran en quiebra, lo cual se estima puede suponer un desembolso de hasta 5.500 millones de euros, por supuesto de dinero público. No debería ser así. Ante todo porque el "rescate" no es obligatorio, sino que se produce o puede producirse en los casos tasados que indica la Ley de contratos.