No revalorizar las pensiones es socialmente insostenible. El artículo 50 de la Constitución establece que «los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad». Este mandato debe guiar la política de pensiones en nuestro país, y exige volver a vincular el crecimiento de las prestaciones con el índice de precios al consumo (IPC).