El récord de ingresos de las Administraciones Pública en 2022 no se ha empleado para dar un tijeretazo al déficit público ni para reducir la deuda que encorseta el futuro de la economía, sino para aumentar el gasto y en particular el coste de las nóminas de funcionarios y políticos pese a las recomendaciones de Bruselas de no elevar el gasto presupuestario estructural.