La proximidad de las eleciones, el escándalo del concurso del trasporte sanitario y las indicaciones de los servicios jurídicos de la Generalitat que "han indicado que se debía poner orden en la contratación y sacarla a concurso público", un procedimiento que culminará en los próximos meses. La decisión ha cogido por sorpresa a la empresa con sede en Madrid que no está dispuesta a perder 4,9 millones anuales durante cuatro años.