El plan de bajas ofrece las mismas condiciones que el que se aplicó entre 2016 y 2018, al que se apuntaron 6.300 empleados con un coste de 3.800 millones de euros. Se trata de una fórmula de interrupción de la relación laboral que no es ni un expediente de regulación de empleo ni una prejubilación, por lo que no tiene ningún coste para el Estado. La operadora estima que este plan le generará unos ahorros de 220 millones a partir del año 2021, y un efecto positivo en generación de caja desde el primer año.