El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha impuesto este martes a España una multa de 30 millones de euros por no haber recuperado a tiempo las ayudas ilegales concedidas a empresas en el marco de las denominadas vacaciones fiscales vascas aprobadas por las diputaciones forales. Esta decisión, contra la que no cabe recurso, cierra un litigio que ha enfrentado a Bruselas y España durante más de una década.