El Tribunal Supremo ha dado el arma definitiva a los ecologistas. En una sentencia de principios de junio establece que "todos, absolutamente todos, los proyectos, planes y actividades que se vayan a instalar, o llevar a cabo, en territorio declarado Red Natura 2000" tienen que tener un control ambiental. El fallo da la razón a la ONG SEO/Birdlife, que había recurrido los planes extremeños de gestión. También obliga a establecer criterios de seguimiento de control de especies en Red Natura, que supone un 30% del suelo español.