Los manifestantes exigen una remuneración económica por su participación en el conflicto armado interno (1960-1996), que fue promesa del presidente Alejandro Giammattei durante su campaña electoral. El proyecto de ley 5664 establece un pago de 120.000 quetzales (15.515 dólares) para las personas que prestaron servicio militar durante el enfrentamiento armado en Guatemala.