Además, indicó que desde Vox Castrillón se considera que la «imposición de una lengua no oficial supone un grave perjuicio para la ciudadanía, resulta funcionalmente inútil y propicia el enfrentamiento y la desigualdad entre los ciudadanos, además de generar un coste que restará recursos a otros servicios básicos", por lo que considera que este nuevo servicio "es un gasto inadecuado con marcado carácter ideológico».