No hacen falta más leyes para acabar con la corrupción. Tampoco más organismos de control, comisiones ni agencias. Sólo que la Justicia sea independiente. Si en España no se reconoce legalmente la independencia de la Justicia, dejando así de confundir la institucional con la personal de los jueces, no es de extrañar que se confunda también la politización de su gobierno con el derecho a la ideología de cada magistrado. Percibiendo esta realidad no es difícil percatarse del error de enfoque que supone proponer como solución institucional al con