Según está establecido en la Ley General de la Comunicación Audiovisual, los prestadores de servicios de comunicación audiovisual televisiva (incluyendo operadores) tienen que destinar de manera obligatoria el 5% de sus ingresos de explotación para financiar películas, series y documentales en el ámbito europeo. Si la empresa que ofrece estos servicios de televisión es pública, el porcentaje es del 6%. El 60% de lo recaudado va a financiar películas de cine, y a su vez, el 60% de ellas ha de ser de lenguas cooficiales.