El magistrado toma esta decisión al considerar la ausencia de límites legislativos claros en las conductas infractoras entre delito y las que infringen los derechos de propiedad intelectual, asumiendo que es un hecho de escasa trascendencia y sería susceptible de acometerse por el cauce la vía civil, dejando la penal para los de mayor trascendencia. Se indica que de haberse distribuido la SGAE habría tenido unos perjuicios de 190,55 euros más IVA.