Transcurridos 10 años desde las manifestaciones con motivo de la cumbre del G8 en Génova, las investigaciones y los enjuiciamientos han sido escasos, y las autoridades italianas siguen sin condenar y ofrecer una disculpa pública por los malos tratos infligidos a los manifestantes. Italia aún no ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, ni ha establecido un mecanismo preventivo nacional independiente para la prevención de la tortura y los malos tratos en el ámbito nacional.