Sin embargo, la familia Cierco aseguró que todo empezó las primeras semanas de 2014. La causa fue la política: el independentismo catalán y la fortuna escondida de la familia Pujol, que la “policía patriótica” del Gobierno del PP perseguía con ahínco. El consejero delegado de BPA, Joan Pau Miquel, recibió un mensaje del comisario jefe de Asuntos internos de la Policía Nacional, Marcelino Martín Blas. Según relató Higini Cierco a la juez andorrana, la amenaza fue que si no facilitaban los datos buscados “el banco morirá”.