El origen de toda esta controversia se halla en una pésima redacción del artículo 29 del Real decreto Legislativo 1/1993. Inútiles (en la regulación del AJD), hipócritas (en la valoración de la resolución del Supremo) y manipuladores (en las soluciones prometidas tras la sentencia).Esas han sido las tres características que han definido al grueso de nuestros políticos durante todo el sainete del 'impuesto a las hipotecas'. Si de verdad les queda algo de decencia, supriman el impuesto e indemnicen a los hipotecados