Del ex secretario general de la Presidencia al antiguo ministro de Justicia, a los que se ha tratado de blindar con las embajadas en Roma y El Vaticano, todos buscan salidas en Panamá, Costa Rica o España ante la inminencia de procesos judiciales por lo que la propia Corte Suprema ha denominado una "empresa criminal" montada desde la Presidencia de la República para perseguir, espiar y amenazar a juristas, opositores políticos, periodistas y defensores de derechos humanos durante el mandato de Uribe.