La reforma eléctrica en la que se ha embarcado el Gobierno para atajar el déficit de tarifa acumulado, superior a los 26.000 millones de euros, ha provocado las primeras reacciones de las empresas. Iberdrola solicita el cierre de un grupo de la central de ciclo combinado de Arcos de la Frontera. Las asociaciones de renovables han anunciado una batería de recursos.