El organismo vincula el pago con efectivo con la economía sumergida. Se lucha contra el fraude por una falta de repercusión del IVA. El Congreso intenta reducir el pago máximo de 2.500 a 1.000 euros. Sectores como la restauración y hostelería, la construcción, el comercio, la recogida de fruta, los arreglos y reformas o las actividades inmobiliarias serán objeto de mayores pesquisas por parte de los efectivos de la Agencia Tributaria.