En nueve años, un estudiante de doctorado podrá convertirse en investigador funcionario con plaza fija, según el borrador de la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que el Gobierno envió ayer a los agentes sociales, las comunidades autónomas y miembros de la comunidad investigadora. La normativa propone que los investigadores tengan un contrato laboral con derecho al paro y cotización a la Seguridad Social desde el primer año.