La asociación señala que se trata de una práctica que vulnera los derechos e intereses de los consumidores a la hora de presentar reclamaciones relacionadas con este sector. El pasado 2 de octubre, el grupo parlamentario popular rechazó en el Pleno de las Cortes Valencianas una proposición de ley del grupo parlamentario Esquerra Unida que recogía la petición de FACUA para anular esta tasa abusiva.