«Va contra las ventas de edificios a los fondos buitres, contra la especulación inmobiliaria en definitiva». Con estas palabras explicó Rubén Martínez Dalmau, vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, el espíritu del nuevo decreto ley que aprobó ayer el Gobierno valenciano. Una norma que supone un antes y un después en la política de vivienda y que desde la Generalitat niegan que sea «intervencionista» en el mercado inmobiliario.