Unas listas determinaban las palabras que resultaban apropiadas y las que era conveniente dejar aparte cuando se realizaban redacciones de carácter oficial. Así lo revelan fuentes de la Conselleria de Educación, desde donde aseguran que empleados públicos fueron advertidos repetidamente durante el mandato de la anterior Generalitat sobre términos que no se podían utilizar, recogidos a lo largo de “dos o tres páginas”.