«Acataremos la sentencia. Pero la sociedad española no se merece poner en libertad a determinada gente que ha cumplido menos de 30 años. Además, ser obligados a pagar 30.000 euros sería una ofensa al pueblo español». Esta ha sido la reacción del ministro de Interior español, Jorge Fernández Díaz, ante una posible sentencia contraria a la doctrina 197/2006 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la doctrina 197/2006.