La Abogacía del Estado, por orden del Gobierno, denunció ante el Juzgado Central de Guardia de la Audiencia Nacional a las 2.20 del pasado 4 de octubre el secuestro del atunero vasco Alakrana, para judicializar la situación del buque y poder llevar a España a los piratas capturados en el Índico. Es decir, que fue el propio Gobierno el que inició el trámite para traer a España a los mismos dos piratas que ahora quiere extraditar.