Este documento, que pone fin a un trabajo iniciado en 2003 bajo la supervisión del entonces Ministro de Defensa del Partido Popular, Federico Trillo, es un salto cualitativo en las definiciones hasta ahora manejadas sobre lo que pueden ser "peligros" para la seguridad nacional, y reintroduce las funciones de las Fuerzas Armadas en cuanto a su intervención en los conflictos sociales internos.