La Guardia Civil de Murcia y los Agentes Medioambientales de Albacete desarrollaron la investigación que permitió identificar y localizar al presunto responsable. Al cazador investigado se le atribuye un presunto delito de atentado contra la fauna, tipificado como una infracción muy grave por tratarse de una especie protegida. Se enfrenta a una petición de dos años de prisión y una sanción económica de hasta 300.000 euros.