Las responsabilidades por arruinar la economía del país siguen enmarañadas en los malabarismos políticos. La reforma constitucional está paralizada, ningún banquero ha sido juzgado, las hipotecas no han sido canceladas, la deuda del país sigue siendo alarmante, seis de cada diez familias islandesas está en dificultades económicas, etc. El retardo político incluso está logrando fragmentar la presión popular contra los responsables. Ni siquiera ya hay consenso sobre el castigo ejemplar a los responsables de la crisis.