El caso tiene su origen en las reglas que rigen la venta de los productos agrícolas del gigante empresarial. Al comprar las semillas de la compañía Monsanto, los campesinos tienen derecho sólo cosechar con ellas, sin poder volver a sembrar en un futuro lo que cosecharon. La empresa sostiene que los cultivos modificados fueron creados en sus laboratorios tras una larga y costosa investigación, por lo cual son de su propiedad intelectual.