Una de las acusaciones había solicitado conocer los datos de geolocalización del ex tesorero del PP durante los últimos dos años y saber con quién había hablado e intercambiado mensajes, aunque el juez lo ha rechazado porque “supondría una conculcación del derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones del imputado”, según un auto firmado el pasado día 17 de julio.