La decisión del Gobierno de promover una reforma legislativa, apoyada por CiU, con la que endurecer los castigos a las movilizaciones en la calle parte de un hecho: los jueces y fiscales se limitan a aplicar la ley. Y en este punto tienen claro que la resistencia pasiva no es sinónimo de atentado contra la autoridad policial ni contra la convivencia ciudadana. Quizá sea eso lo que quiere cambiar el Gobierno.